Muchos de mis lectores conocen, cómo me he dedicado a divulgar y combatir los inmensos impuestos al petróleo, que la mayoría de los países consumidores aplican y que tanto afectan a Venezuela.
Una de las principales dificultades que se me presenta radica en que muchos de los ejecutivos de PDVSA, al cuestionarlos privadamente sobre el por qué no existe una protesta organizada ante tales impuestos, responden que ello no es de su incumbencia, sino del Ministerio de Energía y Minas, que eso le toca a los políticos o que eso le corresponde a la OPEP.
Hoy deseo referirme a un problema, en este caso derivado de los impuestos locales aplicados a la gestión petrolera y que nuevamente me hacen pensar que la muy loable identificación histórica de los ejecutivos de PDVSA, para con la empresa, lamentablemente ha sido a costa de que muchos hayan ignorado su responsabilidad como venezolanos, ante el país.
En 1976, como gerente de una empresa de leasing, logré negociar un contrato de arrendamiento financiero con una de las empresas de PDVSA, donde ésta, aún cuando tenía que pagar tasas de interés muy superiores a las cobradas en un préstamo normal, se veía beneficiada al lograr unos importantes ahorros en los impuestos sobre la renta que debía pagar.
Aún me recuerdo con claridad, cuando justo después de la firma del contrato, de repente me doy cuenta de lo equivocado de toda mi argumentación. El ahorro en el pago de impuestos, que de hecho iba a tener la empresa (Maraven), en verdad lo pagaría en su totalidad el bolsillo de su único dueño, el Estado venezolano. Por supuesto, desde la perspectiva del país, visto como una sola unidad, el contrato de Maraven no se justificaba y era francamente perjudicial.
Me dediqué a otras actividades y nunca más tuve otra relación directa con la industria petrolera. Di por hecho, que el problema fiscal al que me he referido, para ese entonces algo perdonable, por lo reciente de la nacionalización del petróleo, se había solucionado hace tiempo.
Cuál no fue mi sorpresa cuando el año pasado, en una conferencia se me entregó material que evidenciaba que el problema seguía tan vigente como nunca, o hasta peor. Este artículo no es el lugar apropiado para explicar todos los tecnicismos que pueden estar presentes. No obstante, asomaré algunos de los problemas existentes.
Una empresa venezolana normal con altas ganancias, paga un impuesto sobre la renta del 34%. Para esa empresa el deducir de la renta gravable un gasto de 1.000 le produce un ahorro de 340 en el pago de impuestos y como resultado, el costo real de su gasto termina siendo 660. Para PDVSA, quien tiene una tasa de ISLR del 67.7%, el mismo gasto de 1.000 le produce un ahorro de impuestos de 667.7 y por lo tanto, el costo económico real de ese gasto, desde la perspectiva de sus resultados, termina siendo sólo de 332.3.
La anomalía descrita, simplemente, no puede ser lo más idóneo para crear el debido clima de austeridad, que debe prevalecer en una empresa del Estado. Además, aplicar tasas de impuesto más altas a un sector específico, como el petrolero, sólo traerá como consecuencia que la Nación terminará por invertir sus recursos en áreas y proyectos, probablemente menos rentables para el país.
Cuando expresé la posibilidad de que la problemática fiscal interna hoy fuese peor que en 1976, en realidad lo que quería resaltar era el hecho de que durante los últimos años, por la apertura y por la necesidad de reducir las tasas impositivas para acomodar áreas menos rentables, como gas y crudos pesados, se han introducido una multitud de nuevas tarifas, que sólo pueden haber aumentado la confusión reinante. De hecho, algunos proyectos, que PDVSA pudiera contemplar ejecutar por su propia cuenta, hoy en día casi la obligan a una "asociación" para así poder accesar a una tasa de ISLR del 34%.
En un documento de Octubre de 1998, titulado "Sistemas Fiscales Petroleros" el anterior Economista Jefe de PDVSA, Ramón Espinasa expresó lo siguiente: "El análisis evidencia la distorsión que produce el marco fiscal petrolero actual, el cual hace que dentro del portafolio de actividades en el sector petrolero, se desarrollen proyectos menos rentables que otros. La asignación de recursos dentro del sector resulta ineficiente, la inversión no se realiza de acuerdo a una cartera de proyectos ordenados en función de su rentabilidad."
Lo que Espinasa expresó en su conclusión es indiscutible – descubre el agua tibia. Lo que para mí queda como una verdadera interrogante para la historia, es de cómo puede ser posible que, a 25 años de la nacionalización, toda una generación, el problema siga vigente. ¡Qué desidia!
Si bien los gobiernos y los partidos políticos tienen cierta responsabilidad por la actual situación, la mayor cuota parte recae directamente sobre los hombros de la industria petrolera. Son los ejecutivos de PDVSA los que más deben conocer cómo la estructura fiscal afecta su proceso de toma de decisión y, en tal sentido, es a ellos a quienes les toca explicar y vender, a su accionista, el Gobierno, las reformas necesarias.
¿Qué hacer en el caso de la estructura impositiva actual? Intuitivamente creo que el sistema fiscal ideal para PDVSA/Venezuela tendría 0% de regalías e ISLR y toda la distribución al Estado debería ser ejecutada, simplemente, por vía de una razonable política de dividendos. De resultar esta forma demasiado drástica para la madurez de nuestro país - existen muchas otras fórmulas intermedias, que de todas formas serían muy superiores a las actuales.
Economía Hoy, 8 de Febrero de 2000
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