"Sin duda, a este país para quererlo hay que verlo con el corazón, no con la razón porque hay tantas razones para luchar por él, como para abandonarlo. Aquí ser valiente en la defensa de sus intereses se paga muy caro porque muchos se venden por menos de nada". Así expresaban su angustia ciudadanos de otro país latinoamericano esta semana en la prensa. Sentí que estamos en las mismas.
Pase lo que pase en los próximos procesos democráticos, si queremos recuperar el sueño de una nación y que la reconciliación no tome el camino de la humillación, ni la justicia el de la persecución, requerimos de un acuerdo nacional. Para lograrlo, necesitamos callar a quienes, intoxicados con destilados consensuales ajenos, ya sean de Miami o de La Habana, vociferan tanto que impiden que el resto del país nos oigamos unos a otros.
El petróleo es, sin duda, uno de los asuntos más delicados para nuestro consenso. Habiendo escrito mucho sobre el tema, criticado tanto a la vieja como a la nueva Pdvsa y por jamás haber estado económicamente vinculado con la industria petrolera, me siento con todo el derecho moral de presentar ideas y de criticar a quienes busquen aprovecharse de la confusión.
Tanto la exploración como la producción petrolera del país (perdón debí decir extracción) debe permanecer cien por ciento en manos de Pdvsa que, hasta la fecha y apoyada por la OPEP, ha logrado generar excelentes ingresos para Venezuela.
Todas las demás actividades de Pdvsa deberían ser delegadas al sector privado, por cuanto Pdvsa malgasta en ellas los ingresos antes generados.
Pdvsa, exploradora y productora, necesita de mucha transparencia y de evitar caer en manos de agendas privadas de mérito o sin meritocracias internas. Por cuanto Pdvsa y el Ejecutivo siempre estarán tentados a conspirar a espaldas de la nación, debemos insertar en ella un Ombudsman, que represente los intereses del resto de la sociedad.
El mal uso que los gobiernos le han dado a los ingresos petroleros durante los últimos 30 años, constituye "La Vergüenza Nacional". Necesitamos transferir recursos para saldar la deuda pública pero, una vez logrado esto, el Estado debe ceder a los ciudadanos una porción de los ingresos petroleros para que sean administrados directamente por ellos en intereses sociales, como la educación.
Finalmente, un gobierno que no logre aumentar el precio de la gasolina a lo que recibe por ella en el exterior, no tiene el derecho de llamarse gobierno, ni será sostenible.
El Universal
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