Como consecuencia de las recientemente promulgadas leyes de electricidad y de gas, el país se encuentra sumergido en un proceso de reorientar su política energética. ¡A buena hora! El observar que próximamente se dará inicio a la exportación de hidro-electricidad a Brasil, mientras que en la Isla de Margarita se quema fuel-oil para generar electricidad, es suficiente evidencia de que nuestro actual modelo debe ser urgentemente revisado.
Durante el referido proceso, los que con mucha honra hemos sido llamados a participar en él, tenemos la oportunidad de estudiar de cerca las recientes transformaciones que, especialmente en el sector eléctrico, han ocurrido en muchas partes del mundo. Dentro de las reformas, uno de los principios que se aplica en la mayoría de los países es el de introducir una cierta competencia en el área de la generación eléctrica. Como se sabe, la libre competencia forma parte de aquellas políticas económicas, que predican la eficiencia del mercado en la asignación de los recursos y, en tal sentido, va mano a mano con las políticas de apertura de mercados.
Muchos de ustedes conocen de los esfuerzos, que durante años he hecho, a través de la ONG Petropolitan, para informar y protestar sobre los impuestos, que los países desarrollados aplican a los derivados del petróleo, que afectan la demanda por el petróleo y, por ende, disminuyen las ventajas comparativas de un país como el nuestro. Siempre me ha parecido injusto que Venezuela abra su economía, sin ser correspondida con un tratamiento equitativo.
Pues bien, el viernes con mi curiosidad picada por unos comentarios que le oí a consultores del sector eléctrico, busqué en la página web de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de España (CNE) y en su informe sobre el funcionamiento del mercado eléctrico en el año 1998, encontré evidencias de que la discriminación a la cual estamos sujetos en materia petrolera se extiende mucho más allá que a los solos impuestos.
En su informe la CNE, refiriéndose al orden de entrada de los distintos generadores al mercado, dice con cierto orgullo que “la Directiva establece que el orden de funcionamiento se basa en un orden de precedencia económica, establecido con criterios transparentes y no discriminatorios.” No obstante, resulta que la declaración anterior es sólo otro ejercicio de hipocresía, por cuanto más tarde se lee que “al margen del principio de competencia, podrá darse preferencia a instalaciones basadas en….. fuentes primarias autóctonas” - léase carbón.
El informe de la CNE española constituye, sin lugar a dudas, una bofetada para un país petrolero como Venezuela, que le ha abierto todos sus mercados a España. A continuación, me permito transcribir parte de dicho informe.
“Las primas al carbón autóctono tienen una influencia importante ….. puesto que alteran el orden económico de despacho, convirtiendo el carbón autóctono en un combustible más barato que las otras alternativas.” - “en los primeros meses de 1998 la generación térmica convencional en funcionamiento es de carbón quedando los grupos de fuel – gas en una posición meramente testimonial”
El informe de la CNE nos indica que en España durante 1998 la producción total de electricidad fue de 150.701 GWh. De ésta, el 21.4% era hidráulica, el 37.2% provenía de fuentes nucleares, el carbón significaba la fuente más importante con un 37.9%, mientras que, finalmente, el fuel-oil y el gas representaban, en conjunto, sólo un 3.5% de la generación total.
Por supuesto que el carbón en condiciones normales no puede competir con los hidrocarburos, por lo que el no usar estos últimos tiene un costo. En tal sentido, observamos que en 1998, de acuerdo al CNE, se pagaron 55.021 millones de pesetas en incentivos al carbón autóctono, cifra nada despreciable al notar que las compras totales de energía primaria sumaron 885.214 millones de pesetas.
De los 55.201 millones de pesetas pagados en incentivos o subsidios por el consumo de carbón español se observa, que los principales receptores son el Grupo Endesa con 26.369 millones y Unión Fenosa con 13.645 millones de pesetas. Cabe recordar que ambas empresas son conocidas dentro de Latinoamérica, donde participan activamente en los procesos de privatización, siempre predicando, por supuesto, el evangelio de la libre competencia.
Los subsidio al carbón constituyen una flagrante violación de todos los principios vigentes en cuanto a la no discriminación, que supuestamente debe regir las normas del comercio internacional. Ya quisiera yo verle la cara a los grupos bancarios españoles si de pronto, la Superintendencia de Bancos en Venezuela dictase una regulación similar, como pudiese ser la de que todos los fondos de los venezolanos que sean depositados en bancos cuyos accionistas son 100% de venezolanos, reciban del Estado una prima de intereses - para incentivar el capital autóctono.
España no es de manera alguna la única hipócrita en materia energética. En la Directiva de la Unión Europea sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad, dictadas en Diciembre de 1996, se indica la voluntad por constituir un mercado interior de energía eléctrica de acuerdo a los principios de la libre competencia. Me pregunto ¿cuán flexibles deben ser tales principios cuando, según la CNE de España, los discriminatorios incentivos al carbón se ajustan sin problema a tales normas?
¿Cuántas evidencias más sobre la discriminación, a que estamos expuestos como país petrolero, necesitamos antes de lograr comprender la necesidad de defender activamente nuestro petróleo? ¡Vuelvan caras!
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